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LA PROCURADURIA, EJEMPLO DE ILEGALIDAD


Alfredo López Rosas

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero es la responsable de investigar y perseguir a los delincuentes en la entidad. El titular es El Procurador General de Justicia del Estado, mismo que preside el Ministerio Público en el territorio local y preside sus órganos auxiliares: La Policía Investigadora Ministerial, así como Servicios Periciales.
Esta es la institución con que cuentan los guerrerenses para la convivencia en un ambiente de justicia, respeto, seguridad de la vida, la familia, el honor y de los bienes.
La eficacia de la procuraduría tiene que ver con la credibilidad de sus acciones dentro del estado de derecho.
Dicha dependencia está sin titular desde el 14 de septiembre del año pasado; es competencia del gobernador ofrecer la terna al Congreso Local del Estado para el nombramiento y protesta del nuevo procurador.
La llegada del subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, Albertico Guinto Sierra, en nada abona a la conducta de cumplimiento a la ley, siendo esto indispensable para poder perseguir a los delincuentes violadores del marco del derecho. Cuando al doctor Guinto Sierra le es tomada la protesta, el ex procurador carece de facultades para entregarle la función protestada, para el 21 del mes de septiembre ex procurador Eduardo Murueta Urrutia, se ha convertido en un simple ciudadano. El doctor Guinto Sierra, actúa en la ilegalidad, sólo con el respaldo del gobernador. Para él eso es suficiente, para la ley es violatorio.
En el comportamiento de la suplencia de Érit Montúfar Mendoza, como director de la Policía Investigadora Ministerial PIM, el doctor Guinto, hunde más en la ilegalidad a la Procuraduría de Justicia al tomar la protesta a ese cargo al nuevo funcionario Valentín Díaz Reyes. La Ley Orgánica de La Procuraduría  General de Justicia del Estado en el artículo 29 en su fracción XII de La Ley arriba indicada marca que la toma de protesta a los funcionarios es una de las atribuciones indelegables del Procurador General de Justicia.
La consecuencias del antecedente ilegal del nombramiento del subprocurador Guinto y del director de la PIM Díaz Reyes, lleva a la infección de nulidad de todo proceso en el perfeccionamiento de las averiguaciones previas en el estado de Guerrero. En el momento que el titular de alguna Agencia del Ministerio Público, está en funciones bajo el nombramiento y protesta por el subprocurador por ejercer funciones que no está sostenido, ni fundamentado por la ley de esa procuraduría.
Toda investigación realizada por La Policía Investigadora Ministerial, cuya credencial de los elementos contiene la firma de Díaz Reyes, es ilegal por que el titular de la policía no fue protestado por el procurador en cumplimiento al artículo ya citado.
La ilegalidad con que actúa la procuraduría pretende ocultarla con el uso de la fuerza, está descalificada para la investigación y persecución de los delincuentes y deja a los guerrerenses a vivir en total riesgo de sus vidas, de su libertad, de su honor, de sus familias y de su patrimonio.
Bajo el pacto federal y en la evidencia por demás señalada de una procuración viciada de derecho, todo guerrerense puede recurrir a La Procuraduría General de La República para ser protegido por las instituciones de la federación en sus garantías, que resguarda la Constitución a todos los mexicanos.
Los ciudadanos guerrerenses no son los causante de vivir en este estado de incertidumbre, el responsable es el gobernador, que observando que no hay término que le obligue al envío de la terna para titular en la procuraduría, anuncia que esperemos hasta el mes de febrero, que lo hace por nuestro bien, que confiemos en que hace lo mejor para los gobernados.
Zeferino Torreblanca Galindo desde el 21 de septiembre del año pasado, está violando la ley en el estado de que Guerrero. El Código de Procedimientos Civiles, es la ley supletoria de los ciudadanos, para señalar los términos en el ramo civil ante la ausencia en la Constitución local, en la Ley Orgánica del Congreso y de La Procuraduría.
La norma procesal civil indica el término de 3 días a todo lo que no se le señala término y nadie puede mantenerse en violación consuetudinaria, dejándonos en estado de indefensión con la pasividad del medroso Congreso del Estado que se solidariza con el gobernador al trato que hace de los gobernados.
En el ejercicio del uso de derechos los guerrerenses para defenderse de los delincuentes se encuentran en la disyuntiva, de iniciar la investigación de los delitos que nos afectan en una procuración infectada de ilegalidad y que con esto el delincuente recurra al recurso del amparo por la participación en la averiguación previa, funcionarios que no pueden acreditar su personalidad de sus actuaciones y con esto tirar todo procedimiento de acusación o el otro camino, apelar a la instancia de La Procuraduría General de La República, e intervenga ante la demostración del vacío legal que existe en la procuraduría estatal.
Lo que llama la atención, que cuando el primer ciudadano guerrerense ocupa la segunda instancia, el gobierno del estado se escandaliza de que se busque la procuración de justicia por la vía federal.
Un ejemplo en esta semana es cuando la demanda en contra del gobernador, es presentada en la delegación en Chilpancingo de La Procuraduría General de La República, dicha delegación la admite y recibe la ratificación de la misma, este procedimiento es legal, oportuno cuando el ciudadano busca certeza jurídica y no confía en la degeneración de la justicia en que se ha convertido la Procuraduría local por el capricho del gobernador, sí hay otro camino, mientras recuperamos la institución que nos han devaluado.     licalfredolr@hotmail.com                            16 Enero 2010




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